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Resumen

Se analiza aquí la reforma educativa española de 2013, partiendo de nuevos principios introducidos por la LOMCE que matizan el viejo principio de la educación inclusiva, el cual no obstante sigue limitando la libertad escolar de los centros privados con financiación pública. Y al mismo tiempo, dicho principio es limitado por el reconocimiento a tales centros escolares de su derecho a hacer una oferta diferenciada por razón del sexo. Por otra parte, esta reforma consolida la dispersión del sistema educativo español, dividido entre las 17 Comunidades Autónomas, con una uniformidad inferior al 50%. Además, no clarifica el alcance del servicio público de la educación, perdiendo la oportunidad de depurar el régimen jurídico de los centros privados con financiación pública.

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