Presentación: Respuestas educativas y cívico-penales a los comportamientos antisociales

Cuando se anunció en la página de la revista española de pedagogía la apertura de un plazo para mandar originales sobre el tema «Respuestas educativas y cívico-penales a los comportamientos antisociales», no se podía prever qué acogida podría tener entre los estudiosos de la pedagogía un asunto más bien poco trabajado en el ámbito educativo. La respuesta, sin embargo, fue positiva, y acudieron originales desde Colombia, España y Portugal, demostrando así la preocupación y el interés por saber ofrecer ideas y soluciones, desde la perspectiva pedagógica, a tantos problemas que surgen en nuestros días que comprometen la pacífica convivencia humana, atacando a tantas víctimas inocentes.

Este número monográfico, que, naturalmente, tiene una capacidad limitada de artículos, recoge los ocho trabajos que han parecido más significativos en el tratamiento del tema propuesto. Como es sabido, es un denominador común en las sociedades más avanzadas hacer propuestas integradoras en la aplicación de los castigos de tal modo que se tenga en cuenta tanto a las víctimas en todo el proceso jurídico-penal como a los victimarios para que se les anime al cambio personal y social más  allá de las habituales —y necesarias— medidas punitivas. Con ambas propuestas se trata de incrementar, en realidad, la participación del ciudadano en el modo en que la sociedad responde a los comportamientos antisociales. En el primer caso, ofreciendo a quienes son objeto de un delito la posibilidad de participar en todos los pasos jurídicos, recibiendo asimismo la asistencia necesaria para sentirse atendido y cuidado —no olvidado— por el sistema y las instituciones. En el segundo, ofreciendo a quienes son los causantes del delito la posibilidad de participar en un cambio personal y social de asunción de valores que modifique estilos de vida dañinos para los demás y uno mismo, más allá de entender la humanización del castigo desde la estrecha mirada de mejorar únicamente las condiciones materiales de la estancia en centros de menores o en prisión.

Ahora bien, donde realmente debe incrementarse la participación del ciudadano frente a los comportamientos antisociales es en la prevención de los mismos. Y aquí debemos sentirnos todos implicados. El conjunto de las ciencias sociales dedicadas al estudio del origen y mantenimiento de estos comportamientos tienen ya un conocimiento bastante preciso de las diferentes variables que tienden a correlacionar, primero, con patrones fijos de comportamientos indeseables, posteriormente de comportamientos antisociales  y, finalmente, delitos (familias desestructuradas, fracaso escolar, abandono escolar temprano, consumo precoz de alcohol y otras drogas, desequilibrios psicológicos infantiles no atendidos y ocio vinculado a actividades ilegales realizadas en pandilla) (Bevilacqua, Hale, Barker y Viner, 2018; Moffitt, 1993, 2018). Estamos todos comprometidos, como decíamos, no solo porque se considere, como es habitual, que cualquier adulto debe ejercer como educador en su entorno más cercano, sino porque la idea de la prevención alcanza su preciso sentido pedagógico cuando reconocemos que no podemos constituir una sociedad, atendiendo exclusivamente a la presencia de sujetos adultos. Hay que atender a la infancia pero no solo, como suele proponerse, dándoles la voz, abriendo espacios de participación y vociferando sus derechos, sino sobre todo protegiéndoles pues esta es, en verdad, la mejor prevención. Y la mejor prevención, desde un punto de vista educativo, es la propuesta de límites. Por eso no es extraño que la mayoría de los textos que componen este monográfico se dirijan a cuestiones referidas a los menores y, en particular, a los problemas derivados de la violencia, del uso inadecuado del ciberespacio, de los factores de riesgo asociados al ingreso en prisión e incluso del uso frecuente y precoz de las mentiras.

Pasamos a continuación a mencionar brevemente, en el orden en que aparecen en el monográfico, los artículos que componen el mismo:

En primer lugar, por su carácter fundamentador, está el texto de los profesores D. Reyero y F. Gil Cantero titulado «La educación que limita es la que libera» en el que tratan de mostrar que los límites, las normas, las reglas, resultan fundamentales en la
educación porque forman parte esencial de la realidad y de la condición humana.

El artículo firmado por las profesoras M. J. Bernuz y E. Fernández, titulado «La pedagogía de la justicia de menores: sobre una justicia adaptada para los menores», reivindica la necesidad de un castigo esencialmente educativo para los menores y, sobre todo, responsabilizador, así como la necesidad de unos profesionales debidamente formados que promuevan la participación del joven en los procedimientos asociados a todo el proceso de la experiencia judicial.

El texto de las profesoras M. Martins y C. Carvalho, con el título «¿En qué mienten los adolescentes?», parte de la consideración de que el recurso a la mentira por los adolescentes tiende a estar asociado a comportamientos de riesgo, por lo que comprender los contextos que desencadenan su uso en la adolescencia puede contribuir activamente a la prevención de comportamientos antisociales.

La contribución firmada por los profesores I. Méndez, C. Ruiz, J. P. Martínez y F. Cerezo, titulado «Ciberacoso según características sociodemográficas y académicas en estudiantes universitarios» establece que, entre los roles de los implicados, destacan los  observadores seguido de agresores y de víctimas, mostrando igualmente la relación entre el hecho de haber sido objeto, agente y observador de ciberacoso. Tiene especial interés el alto nivel alcanzado en dos variables: ser mujer y menor de 20 años.

El artículo escrito por los profesores J. R. Agustina e I. Montiel titulado «Retos educativos ante los riesgos emergentes en el ciberespacio: claves para una adecuada prevención de la cibervictimización en menores» nos ofrece, mediante el análisis de las concretas formas de cibervictimización, algunas pautas basadas en la investigación criminológica y en los procesos de victimización más frecuentes en los entornos en que se desenvuelven los menores, de modo que puedan servir para el diseño de los programas educativos dirigidos a padres, educadores y potenciales víctimas.

El texto de las profesoras M. Garmendia, E. Jiménez Iglesias y N. Larrañaga Aizpuru titulado «Bullying y ciberbullying: victimización, acoso y daño. Necesidad de intervenir en el centro escolar», avala la necesidad de intervenir desde el entorno escolar para minimizar la incidencia del acoso ya que es el principal ámbito en el que tiene lugar. Concluye también, entre otras cuestiones, que el ciberbullying está fuertemente estructurado por la edad, aumentando en función de esta, y que la mayoría de los acosadores han sido, a su vez, previamente, víctimas de acoso.

La contribución de las profesoras A. Rosser y R. Suriá, con el título «Adaptación escolar y problemas comportamentales y emocionales en menores expuestos a violencia de género», concluye la presencia de problemas conductuales y emocionales, asociados a dificultades de rendimiento y de adaptación escolar, en la mayoría de los menores analizados que se encuentran en centros de acogida después de haber sufrido sus madres situaciones de violencia de género.

Finalmente, el artículo firmado por los profesores F. T. Añaños-Bedriñana, M. Melendro y R. Raya, titulado «Mujeres jóvenes con medidas de protección y judiciales y sus tránsitos hacia la prisión», muestra los siguientes factores de riesgo en las mujeres investigadas: baja formación educativa, familiares o pareja con estancias en prisión, adicciones —principalmente drogas y alcoholismo— en ellas mismas o en familiares y un alto nivel de denuncias de malos tratos cuando eran menores.

Quiero dar las gracias al director de la revista española de pedagogía, profesor José Antonio Ibáñez-Martín, por invitarme a editar este número monográfico y por compartir la preocupación de que los educadores y las diferentes instituciones sepan adoptar las mejores respuestas educativas y cívico-penales a los comportamientos antisociales.